Por: Paulina Castaño*

 A Justine.

A un día de que venza el plazo para que el Congreso de la Unión emita una nueva ley de Comunicación Social, las y los legisladores no se han pronunciado al respecto. Esta falta de interés y disposición preocupa, ya que el 8 de septiembre, gracias al amparo presentado por Artículo 19, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la ley actual, y, posteriormente, el 17 de noviembre la Corte le notificó al Congreso la obligación de subsanar las fallas de la actual ley.

Es la segunda vez que la SCJN ordena a la Cámara de Diputados y al Senado de la República emitir una ley adecuada que regule la publicidad oficial en el país. Hace tres años, las y los legisladores perdieron la oportunidad histórica de elaborarla acorde a los principios constitucionales y estándares internaciones de derechos humanos, en un proceso que no fue nada sencillo. Fundar y Artículo 19 teníamos un gran desafío, que habíamos esperado por más de diez años.

Desde Fundar y Artículo 19, con el impulso de mi compañera Justine Dupuy, pionera y referente en el tema, encabezamos la estrategia impulsada desde sociedad civil para incidir en la regulación de la publicidad oficial, que resultaría en la redacción de una ley efectiva. Muchos de los avances y logros en el tema se han conseguido gracias al ímpetu, entusiasmo y compromiso desde la sociedad civil para visibilizar los problemas y malas prácticas de la publicidad oficial, mismos que se deben a la ausencia de lineamientos claros en su asignación.

Entre estos avances y logros destacan los informes sobre el gasto en publicidad oficial en las entidades federativas y a nivel federal, gracias a los que pudimos conocer los tremendos sobreejercicios presupuestarios en la comunicación social. También la plataforma Transparencia en Publicidad Oficial que implementaron los gobiernos de Chihuahua, Jalisco y Quintana Roo, con el fin de transparentar sus gastos en este rubro. Además de una cantidad considerable de publicaciones relacionadas con la publicidad oficial y la libertad de expresión, indispensables para conocer el tema y sus dilemas.

Hace tres años la estrategia fue la idónea, la mejor, solo que no hubo voluntad por parte del Congreso para establecer una ley de avanzada. Fue una simulación.

Mañana, 15 de diciembre, se cumple el plazo que señaló la SCJN para que las y los legisladores subsanen las deficiencias de la “Ley Chayote”, como se le conoce a la actual Ley General de Comunicación Social. Lo óptimo sería que las Cámaras solicitaran una prórroga para realizar un proceso serio y en forma, y no como sucedió hace tres años: en fast track y sin un parlamento abierto, para romper con el estado de inconstitucionalidad en el que hemos estado en materia de publicidad oficial y garantizar así medios libres y una ley de comunicación social con criterios transparentes, idóneos, equitativos, que ayude a garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio de los derechos humanos.

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Muchas gracias, Justine, por todas tus enseñanzas y aportes, por la paciencia y por la motivación en este camino que, como organización, y particularmente yo, seguiremos recorriendo. Gracias por todos tus saberes y entusiasmo en la carrera por regular la publicidad oficial en el país.

¡Hasta pronto, Justine, éxito en tus planes futuros!

* Paulina es investigadora en el Programa Justicia Fiscal de @FundarMexico.

Fundar

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Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

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